El Titular El Salvador

Ministerio de Agricultura tocó dinero de salarios para realizar compras, la Constitución lo prohíbe

EL SALVADOR. – Hilo por hilo se empieza a desenredar la trama del porqué el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), bajo el mando de Pablo Anliker, se ha retrasado tanto en brindar información detallada sobre el dinero utilizado en lo que va de la pandemia ante la Corte de Cuentas y el porquérecientemente –aún sin rendir cuentas del manejo de $55 millones- pidió otros $22 millones a la Asamblea Legislativa.

En una carta del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dirigida a la Asamblea Legislativa el pasado 26 de junio, se detalla que más de $7.7 millones de la partida de salarios fueron utilizados por el MAG supuestamente para la compra de una reserva  de granos básicos.

“Debido a la urgencia de financiar los anticipos de contratos por la compra de los referidos granos básicos y el pago por la recepción de 33,000 toneladas métricas de maíz blanco, el Ramo de Agricultura y Ganadería reorientó temporalmente recursos destinados al pago de salarios, adquisiciones de bienes y servicios básicos y gastos financieros por un monto total de $23,483,652.00, bajo el compromiso que dichas asignaciones le fueran reintegradas”, se lee en la carta del ministro de Hacienda.

Fuentes advierte a los diputados que de no hacerlo, “se generaría un desfinanciamiento crítico para cubrir remuneraciones y otros gastos indispensables para la continuidad de la prestación de los servicios de ese ramo”.

El problema es que, de nueva cuenta, el gobierno del presidente Nayib Bukele violenta la Constitución, que en el artículo 38, literal 3,  establece: “El salario y las prestaciones sociales, en la cuantía que determine la ley, son inembargables y no se pueden compensar ni retener…”

Por si eso fuera poco, el artículo 43 de la Ley AFI estipula también: “Prohíbese a cualquier titular, u otro funcionario de las entidades e instituciones del sector público sujetas a las normas de la presente Ley, entrar en negociaciones, adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto, en forma temporal o recurrente, para el ejercicio financiero fiscal en ejecución”.

“El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causal para la destitución de los titulares o funcionarios infractores, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que incurra”, añade la ley.

Queda por verse si el presidente Bukele, que también ha violado la Constitución en repetidas ocasiones durante la pandemia, hace lo que dicta la Ley.

Redaccion

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