Bukele extiende cuarentena hasta el 6 de junio contra otro decreto catalogado de ilegal

EL SALVADOR. – La Secretaría de Comunicaciones anunció la noche del martes el decreto número 26, mediante el cual se establece la extensión de la cuarentena domiciliar hasta el 6 de junio. Lamentablemente, los expertos en leyes y la Constitución de la República vuelven a encontrar dejos de ilegalidad en las acciones del gobierno.

“¿Qué establece la cuarentena? Las mismas medidas que las que estaban establecidas anteriormente, todas las personas deben permanecer en sus casas y podrán salir a través de su último dígito de su Duipara hacer compras”, explicó Conan Castro, secretario jurídico.

"Este día a través del Ministerio de @SaludSV, traemos el Decreto Ejecutivo 26, que decreta una cuarentena domiciliar obligatoria, este día a las 12:00 vence una etapa de la cuarentena", Secretario Jurídico @CONANCASTRO2.

— Secretaría de Comunicaciones (@ComunicacionSV) May 20, 2020

Además, Castro informó que el transporte público continuará suspendido y que las empresas autorizadas para laborar están en la obligación de movilizar a sus trabajadores de manera gratuita.

También detalló que toda persona sospechosa de tener COVID-19 serán enviada a un centro de contención, al igual que todo aquel que ingrese desde el extranjero y cualquiera que así lo determine el ministerio de Salud.

Sin base legal

Como el 16 de mayo expiró la declaratoria de Emergencia Nacional  y ayer 19 de mayo expiró por igual la Ley de Cuarentena, los expertos indican que este nuevo decreto 26 carece de base legal. “Al vencer la vigencia de la ley, el decreto ejecutivo 24 (ahora decreto 26) NO tiene base legal. Así que la emisión del ahora DE 26 es, si cabe, “todavía más” inconstitucional, pues se restringirán derechos constitucionales sin autorización legal”, observó Enrique Anaya, abogado constitucionalista.

“Además, al carecer por completo de base legal el DE 26 de base legal, este carece de validez y, en consecuencia, de realizar cualquier actuación un funcionario público sobre la “base” del DE 26, ello acarrearía responsabilidad personal para los hechores”, añadió.