El Titular El Salvador

Gobierno impone Estado de Emegencia ilegal entre denuncias de falta de transparencia

EL SALVADOR. – El presidente Nayib Bukele ha vuelto a violar la Constitución de la República, usurpando el poder legislativo al declarar el Estado de Emergencia durante 30 días con su nuevo decreto 18. ¿La justificación? La salud del pueblo salvadoreño. Si ese era el motivo real, todo lo que tenía que hacer era solicitar a la Asamblea Legislativa una Ley de Cuarentena para regular las salidas de casa y así reducir los contagios locales, que es lo que supuestamente quiere lograr. 

En todo caso, si él consideraba que el Estado de Emergencia era necesario, lo debía someter a la Asamblea Legislativa y los diputados lo habrían aprobado o rechazado mediante un debate y votación. Así lo dicta la Constitución. 

¿Qué obtiene el gobierno con un Estado de Emergencia? Una carta blanca para gastar fondos públicos sin tener que rendir cuentas a nadie y sin pasar por un debido proceso de licitación. Es decir, mientras dure el Estado de Emergencia los funcionarios públicos pueden gastar todo el dinero que se les antoje en la empresa o proveedor que se les antoje. Sin detallar en qué se gastó un solo centavo. El combo perfecto para la corrupción y desvío de fondos del pueblo.

Según el gobierno, la decisión se tomó basándose en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, que dice lo siguiente:

“Si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida podrá el presidente de la República decretar el Estado de Emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo.” Lo cual no aplica en este caso porque el propio presidente Bukeleconvocó a la Asamblea Legislativa a reunirse hasta hoy, lunes 18 de mayo. 

La propia Fiscalía General de la República ha pedido a la Sala de lo Constitucional suspender el Estado de Emergencia impuesto ilegalmente por el gobierno de Bukele. “FGR informa que se ha presentado demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 28, emitido por el Presidente de la República. Se solicita como medida cautelar la suspensión del mismo”, comunicó la institución.

“Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias”, añaden.

El gobierno de Bukele ya suma varias denuncias de falta de transparencia en el manejo de fondos durante la emergencia. Presentarse en cadena nacional para asegurar que el dinero se está utilizando bien no es suficiente. La impostura de este nuevo Estado de Emergencia solo levanta más cuestionamientos en su contra.

Redaccion

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