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Bukele versus la Sala de lo Constitucional: cuando los poderes del presidente se desbordan

El SALVADOR. – Entre el 21 de marzo y el 11 de abril, la Procuraduría de Derechos Humanos documentó 102 denuncias por detenciones arbitrarias o uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares. El 26 de marzo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó la liberación de tres personas, acogiendo un hábeas corpus que había sido interpuesto en su favor.

El Tribunal determinó que dicha resolución era aplicable a cualquier ciudadano salvadoreño detenido en circunstancias similares. Por tanto, las autoridades no debían continuar deteniendo personas solo por violar la cuarentena. En resumen: si no era comprobable que la persona había estado en riesgo claro de contagio, no podía ser llevado por las autoridades a un centro de contención, albergue y mucho menos a una estación policial (como le ocurrió a muchos).

Pero el fallo de la Corte cayó en oídos sordos. El presidente Bukele continuó exhortando a las autoridades a realizar detenciones e incluso llegó a advertirle a la población en plena cadena nacional que no le iba a importar si después se andaban quejando en las redes sociales, publicando “ay, me doblaron la mano” si los policías los detenían.

Desde entonces se han ido sucediendo episodios en los que policías golpean violentamente a ciudadanos, militares acosan sexualmente a mujeres en albergues e incluso el de un ciudadano que recibió un disparo en una pierna por no pagar el soborno que le pedía un oficial para no llevarlo a un centro de contención.

Al mismo son, el presidente Nayib Bukele ha ido escalando las restricciones e imposiciones al pueblo salvadoreño. En su última movida, emitió el decreto ejecutivo 19 que faculta a “delegados del Ministerio de Salud a inspeccionar el interior de las casas de los ciudadanos y ordena a las autoridades decomisar los vehículos de aquellos que no cumplan la cuarentena.

En respuesta, la Sala de lo Constitucional reiteró la invalidez de dicho decreto y pidió a la Asamblea Legislativa regular mediante una ley las restricciones de libertad física a la ciudadanía, calificando el incumplimiento de dicha resolución como un “grave desbordamiento de los poderes de excepción que la Ley Suprema reconoce al gobierno y dichas actuaciones lindarían con la ilegalidad y arbitrariedad”.

Bukele no tardó en responder vía Twitter que su decreto 19 permanecería intacto, entrando en desacato a lo dictaminado por los magistrados del Tribunal Constitucional. O puesto de manera más sencilla: haciéndose el loco con la Constitución de la República.

Redaccion

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