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Solo posibles contagiados pueden ser llevados a Centros de Contención, según análisis de FUSADES

EL SALVADOR. – La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ha reiterado su postura respecto a las muchas detenciones que se están realizando a salvadoreños que no acatan la orden de quedarse en casa durante la cuarentena. De acuerdo a FUSADES, solo aquellos que presenten síntomas o bien puedan ser vinculados a una fuente de contagio deben ser remitidos a albergues o centros de contención para cumplir con los 30 días de cuarentena.

En ese sentido, se remiten al artículo 136 del Código de Salud, que especifica que las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio, podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena; observación o vigilancia.

“El Gobierno ha estado aplicando la remisión de las personas que rompen la cuarentena a “centros de contención” como una sanción, no como medida sanitaria motivada porque en ellos exista un riesgo objetivo de contagio”, señala FUSADES.

Por tanto, llevar a un ciudadano a un centro de contención solo por salir en cuarentena va en contra de lo determinado en el Código de Salud y en la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales para atender la Pandemia COVID-19. Según FUSADES, todas las personas así detenidas, pueden haber sido privadas de su libertad ilegalmente.

FUSADES concluye su análisis detallando que de acuerdo con la resolución de admisión del habeas corpus 148-2020, el Órgano Ejecutivo no puede seguir remitiendo a las personas que rompan la cuarentena a centros de contención, salvo que existan elementos objetivos que la vinculen con una fuente de contagio.

“Debe entenderse que está prohibido enviar a todo aquel que rompe la cuarentena a centros de contención sin determinar objetivamente el riesgo de contagio, y más todavía, a lugares no adecuados para ello como delegaciones policiales o dependencias administrativas. No haberlo establecido específicamente es un nuevo problema de claridad que dificulta la aplicación práctica del decreto por las autoridades y puede perpetuar las detenciones ilegales”, advierten.

Redaccion

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