El Titular El Salvador

Los 109 millones de la discordia entre el Ejecutivo y Legislativo sigue generando dudas sobre manejo de fondos

Hace unos días, diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron la negociación del gobierno salvadoreño del crédito de $109 millones que requiere para llevar a cabo la fase III del Plan Control Territorial, haciendo énfasis, sin embargo, en que apenas se aprueba la primera etapa de negociación, mientras quedan todavía muchas dudas en el aire respecto al posible uso del dinero que se está pidiendo.

El síntoma general entre los diputados es que hay muchas incongruencias en los montos presentados en la solicitud del presidente Nayib Bukele.

“Las botas que quieren comprar están sobrevaloradas. Están pidiendo 5 millones para repotenciar (reparar) un helicóptero cuando eso vale un helicóptero nuevo. La reparación máximo cuesta 1 millón y medio de dólares”, comentó por ejemplo Rodrigo Ávila, diputado de Arenas.

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, puntualizó que no se ha discutido el tema lo suficiente. Añadiendo que el gobierno de Bukele no ha logrado resolver los cuestionamientos hechos acerca del uso que se planea dar del dinero. Además, cuestionó el “súbito interés” demostrado por algunos diputados Areneros para la aprobación del multimillonario crédito.

Otra preocupación, además de un desvío de fondos, es la de la seguridad nacional en cuanto al acceso y manejo de la información personal de la ciudadanía salvadoreña se refiere, como expuso Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa: “Creemos que hay que terminar de discutir la legislación secundaria sobre el tipo de drones, buques o helicópteros que el gobierno puede comprar. Debe haber límites en temas de datos personales. No es posible que compren drones que te capten todo”.

En ese sentido, el IDHUCA expresó la misma preocupación en una pieza de correspondencia que entregaron el 21 de febrero a los diputados de Comisión de Hacienda, en la cual se lee: “El préstamo se usará para adquirir una tecnología cuyo uso si no se limita desde la legislación podría prestarse a excesos por parte de los cuerpos de seguridad, afectando inconstitucionalmente los derechos a la privacidad, la intimidad, la integridad, la libertad de expresión”.

La polémica compra de un costoso buque para combatir el narcotráfico es, claramente, un punto de escozor entre el gobierno de Bukele y los diputados. Algunos, como Rodolfo Parker del PDC, incluso llegan a referirse a ello como un “juguete”

Redaccion

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