El Titular El Salvador

La FGR sigue tras la pista de Francisco Cáceres

El pasado junio, por orden del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, Interpol giró una orden de aprehensión contra el exfuncionario y otras 17 personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de 31 personas acusadas de actos de corrupción durante el gobierno de Funes (2009-2014), de donde se sustrajeron $351 millones de los fondos del Estado, esto hace seis meses.

De los 31 implicados, 18 se encuentran prófugos de la justicia, entre ellos el exsecretario privado, Francisco Cáceres Zaldaña. Él es hermano de Carlos Cáceres, quien fue ministro de Hacienda en la administración Funes y actual embajador de El Salvador en México.

El exsecretario privado de Funes devengaba un salario mensual de $ 2,652. Según las declaraciones de la renta que presentó, entre 2009 y 2014, tiempo en el que registró ingresos por valor de $ 587,842.96.

Cáceres antes de ser “mano derecha” de Funes, se dedicaba al cultivo de café y a realizar consultorías en gestión empresarial; una vez en su cargo de secretario presidencial se encargaba de manejar el dinero público para beneficio personal o de terceros.

La Fiscalía le imputa a Cáceres los delitos de peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado de dinero, por $ 1,567, 659.

El pasado junio, por orden del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, la Policía Internacional (Interpol) giró una orden de aprehensión contra el ex funcionario y otras 17 personas. Con ello, los imputados pueden ser arrestados en cualquiera de los 192 países miembros de dicho organismo con sede en Francia.

Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado la captura de ninguno, ni tampoco las autoridades aseguran tener pista de ellos.

Algunos pagos los hizo Cáceres, pero los registros indican que otros los realizaron empleados de Casa Presidencial y del Estado Mayor. El monto total que se destinó para pagar préstamos fue de $ 475,188.38.

La Fiscalía señala que el consolidado de los pagos que hizo Cáceres sobrepasan su perfil económico y la capacidad que tenía para justificar la procedencia de ese dinero en las entidades bancarias, de ahí que la Fiscalía lo acuse de utilizar fondos del Estado para beneficios propios y de terceros.

Redaccion

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